EFE
El Gobierno de Ecuador declaró este lunes un estado de excepción, por 60 días, en la zona de Buenos Aires, de la provincia andina de Imbabura (norte), ante varios actos violentos entre bandas que pretenden controlar la minería ilegal en la región.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, mediante un decreto ejecutivo, declaró el estado de excepción “por grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, por los constantes hechos de violencia registrados”.
Esa situación ha escalado a “un alto nivel de intensidad de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado”, por lo que la medida de excepción busca “restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona”, precisa el texto del decreto.
El Gobierno dispuso, además, la movilización de las fuerzas del orden y de los organismos pertinentes para coordinar esfuerzos que permitan “ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden, la seguridad y el acceso efectivo a los derechos de las personas”.
Precisó que la movilización de las Fuerzas Armadas complementará las acciones de la Policía y del Estado y que su misión específica consistirá en el control permanente sobre la prohibición del porte de armas entre la población.
Asimismo, el Ejecutivo suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de asociación y reunión de la población de la parroquia La Merced de Buenos Aires, pero remarcó el estricto apego a las demás garantías constitucionales.
El pasado 23 de junio, cuatro personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre bandas que pretendían controlar la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, según denunciaron campesinos de esa localidad.
Desde entonces, agentes del orden se ubicaron en el sector de Buenos Aires para investigar los hechos e identificar y detener a los grupos que aparentemente se disputan el control de la minería ilegal.
A finales de 2017 se anunció la existencia de un yacimiento aurífero en esa zona, lo que generó una afluencia masiva de mineros ilegales en el sector, que antes estaba dedicado exclusivamente a la producción agrícola y pecuaria.
El pasado 4 de junio, el Gobierno ecuatoriano presentó su nueva política minera, que busca ser más amigable con el medioambiente pero también más severa contra la minería ilegal.
El Gobierno de Ecuador prevé que la actividad minera alcance un crecimiento de entre el 1,6 por ciento y el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2021.
Ecuador espera una inversión de 3.800 millones de dólares en su sector minero hasta 2021, dentro de una estrategia para generar nuevos motores de desarrollo que, además, ayuden a sostener su economía.
La política minera, que ha recibido el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca incorporar las mejores prácticas en la planificación del sector, pero también frenar la minería ilegal que genera perjuicios en el ambiente, la economía y en la propia industria, según las autoridades.
Ecuador tiene reservas mineras considerables, pero no se había adentrado de lleno en su explotación por el impacto medioambiental, lo que suele generar protestas por parte de grupos indígenas y de otros colectivos de defensa de la naturaleza.
