Manolo Ozuna es comediante, pero iba a ser abogado.

Otra del costo de la justicia virtual.

Por: Valentín Medrano Peña.

Aveces algunas cosas nos pasan inadvertidas porque no siempre estamos pendientes de todos los detalles que comportan una escena o acontecer, sobre todo cuando algo específico llama poderosamente nuestra atención, la que se focaliza, o cuando un hecho representa el meollo o acción protagónico de entre una serie de acciones.

En días pasados circuló, más entre los abogados y relacionados con el derecho que entre los fanáticos del humor dominicano, un video de un programa que se escenificaba en una cabina de radio, y en el cual el popular comediante y premiado actor Manolo Ozuna, quien hace muchos años estaba matriculado como estudiante de derecho en la UASD, trataba jocosamente el tema de la justicia virtual, tocando la arista afectadora de la economía de los abogados en el ejercicio.

Muchos vieron el video y lo viralizaron, y casi todos pasaron inadvertido el hecho de que en una pequeña cabina de una estación de radio, un poco más grande que el furgón donde se conocen audiencias de medidas de coerción en Santo Domingo Este, de manera presencial, no virtual, se desarrollaba un muy sintonizado programa radial. Sí, en tiempos de coronavirus con el necesario distanciamiento social, aquellos comunicadores-comediantes hacían un programa cara a cara.

El ingenio de los productores del programa, que entienden que jamás sería lo mismo el chiste que tiene que esperar la reacción cómica por vía virtual, que la celebración en la covinormalidad del programa hablado y actuado en tiempo real y de manera presencial, jamás resultaría igual de gracioso. Así que procuraron un aislante que convirtiera cada espacio en una mini cabina separada, donde las salivas y respiraciones y demás emanaciones serologicas quedaran imposibilitadas de circular de uno a otro de los parlantes. A costo simple, algunos pocos pesos, una pared trasparente, la observación de cada quien en su deber de autocuido, que es la mejor forma de cuido colectivo, y aislamiento por vía de cristales o plásticos. Algo ingenioso, apropiado, correcto, barato y eficaz.

Esta solución nos hace pensar que la pandemia, en el ámbito de la justicia, ha sido una excusa de parte del alto clero judicial para imponer una virtualidad que amén de ilegal deviene en costosa y arbitraria. ¡Ea! arbitraria de parte de los llamado a amainar o contrastar las arbitrariedades opresivas.

Aislar todos los tribunales del país con plástico o cristales de forma tal que tres jueces de un colegiado, un fiscal o varios, y algunas víctimas, un imputado y su defensa, quienes la norma obliga a que siempre estén sentados uno al lado del otro, representaría un ahorro en cientos de millones de pesos para el Poder Judicial y para los abogados y usuarios del sistema (economía procesal).

El costo de una sola laptop que haya de adquirirse para prestar el “servicio”, serviría para aislar a no menos de diez salas de tribunales y devuelve la condición de “gratuidad” que la norma le otorga a la justicia y que el Consejo del Poder Judicial está convirtiendo en un impuesto para el acceso y participación en sus audiencias de control remoto y una exigencia o condición para el ejercicio de la más noble profesión liberal “la abogacía”.

Como vemos, no es solo que la virtuaudiencia es un procedimiento inconstitucional, ilegal y contra derechos, sino que es costoso, ineficaz, falible y poco ingenioso como medida para paliar una crisis como la actual.

Para el ejercicio del derecho, conforme a la ley 821 de Organización Judicial y otras leyes procesales, solo se requiere ser abogado titulado y vestir camisa blanca y corbata negra y usar birretes y toga, con bocamangas y borlas dependiendo del rol a cumplir. En ningún momento se exige legalmente tener computadores, celulares, internet y saber de sistema. Sí saber de derechos, leyes y convenciones, no de programas, apps, bytes, software y saberes propios de una ciencia llamada cómputos o sistema computarizado. Y visto que nadie puede ser obligado a lo que la ley no manda, uno se piensa que no son abogados sino técnicos en computadoras los que impulsan estas medidas.

El Colegio de Abogados, las secciónales, grupos y asociaciones de abogados, juristas, escuelas de derechos, y miles de abogados que han producido paradas, reuniones, pronunciamientos y escritos para condenar la decisión “sin marcha atrás” del Consejo del Poder Judicial calificándola como un desaguisado, y así se han manifestado, y ante ese planteamiento responde el Consejo del Poder Judicial, disponiendo de un curso propedéutico para abogados, respecto a lo que deben saber para participar en las audiencias virtuales, en lugar de dejar de lado una acción ilegal que en nada le luce a un órgano judicial asumir.

La prudencia aconseja escuchar, conversar, someter proyectos de leyes y esperar, no imponer ni obligar.

Sí, sé lo que piensan, que no hablé de la historia del cuasi abogado Manolo Ozuna, una vez más se sienten engañados por los titulos y encabezados. Ya escribiré sobre el buen amigo Manoooolo Ozuna, seguro que será más refrescante.

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